Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando:

  • el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o,
  • dé lugar a la indefensión de los interesados.

La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

La anulabilidad de un acto administrativo es clave en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común.